Consejo de Estado admite demanda contra decreto expedido por el gobierno Petro que permite a la ANT levantar embargos
El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Decreto 765 de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro en la recta final de su mandato. La norma, que amplió las facultades de la Agencia Nacional de Tierras, también despertó cuestionamientos políticos por su alcance.
La demanda también pidió suspender provisionalmente los efectos del Decreto 765. Foto: cortesía
A solo 16 días del cambio de gobierno, la administración de Gustavo Petro expidió uno de los decretos que enfrenta su primer examen judicial.
El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda contra el Decreto 765 de 2026, con el que el Ejecutivo modificó varios procedimientos relacionados con la administración y el registro de predios destinados a la reforma agraria.
El abogado Andrés Ávila Ávila presentó la acción al considerar que el Gobierno excedió su potestad reglamentaria.
El principal cuestionamiento recae sobre las nuevas atribuciones entregadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según el demandante, el decreto autoriza a la entidad para ordenar el levantamiento de embargos y otras medidas cautelares sobre los predios que reciba.
La controversia aumenta porque esa facultad también cobijaría restricciones impuestas previamente por autoridades judiciales.
La demanda sostiene, además, que las oficinas de registro podrían ejecutar esas órdenes dentro del mismo procedimiento administrativo y completar la transferencia de los inmuebles sin actuaciones adicionales.
El abogado también cuestionó la posibilidad de abrir nuevos folios de matrícula inmobiliaria bajo reglas especiales e incorporar mecanismos registrales relacionados con promesas de compraventa.
En su criterio, el Congreso nunca autorizó esas competencias. Por eso, asegura que el Ejecutivo reguló materias reservadas al poder legislativo mediante un decreto reglamentario.
Además de pedir la nulidad del Decreto 765, el demandante solicitó suspender provisionalmente sus efectos mientras avanza el proceso judicial.
Uno de sus argumentos señala que la norma fijó el 25 de julio como plazo máximo para que la Superintendencia de Notariado y Registro habilite el código correspondiente a la denominada administración anticipada.
El abogado advirtió que, si ese mecanismo entra en funcionamiento antes de una decisión judicial, podrían consolidarse actuaciones registrales difíciles de revertir, incluso si el decreto termina anulado.
El decreto también abrió un frente político
La discusión jurídica rápidamente trascendió los despachos judiciales y llegó al escenario político.
La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó el decreto y recordó que el Gobierno lo expidió cuando restaban apenas 16 días para finalizar el mandato de Gustavo Petro.
La excongresista afirmó que la norma amplía las facultades de la Agencia Nacional de Tierras por fuera de lo previsto en la ley.
También advirtió que esos cambios podrían poner en riesgo la propiedad privada y criticó que el Gobierno recurriera a un decreto, en lugar de promover una ley ante el Congreso.
Aunque los argumentos de la senadora y los del demandante son distintos, ambos coinciden en cuestionar el alcance de las nuevas atribuciones entregadas a la ANT.
Los dos también sostienen que el Ejecutivo asumió competencias que corresponden al poder legislativo.
La revisión judicial coincide con el intento del Gobierno por acelerar la ejecución de la reforma agraria antes de concluir su mandato.
La administración Petro fijó como meta adquirir un millón de hectáreas durante el cuatrienio. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que ese objetivo todavía está lejos de cumplirse.
Con corte a abril de 2026, la ANT reportó la compra de 254.103 hectáreas.
La entidad también informó la entrega de 317.773 hectáreas, aunque solo 88.169 contaban con registro definitivo.
Esos resultados también motivaron observaciones de la Contraloría General.
Ahora la Sección Primera del Consejo de Estado deberá resolver si suspende provisionalmente el Decreto 765 mientras estudia la demanda de nulidad.
La decisión definirá si una de las últimas normas expedidas por el gobierno Petro permanece vigente durante el proceso o queda suspendida hasta el fallo definitivo.