Condenan a transportador que hacía parte de una red de tráfico de migrantes haitianos hacia el Urabá
Según la Fiscalía, los extranjeros eran movilizados por vía terrestre entre Ipiales, Nariño, y Necoclí, Antioquia.
El procesado aceptó su responsabilidad durante el proceso penal. Imagen de referencia. Foto: archivo
Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, Yeiner Alexis García Romero aceptó su responsabilidad en el traslado de forma clandestina de cinco ciudadanos haitianos.
Los extranjeros se encontraban en situación irregular en Colombia.
Por ende, un juez penal de conocimiento lo condenó por el delito de tráfico de migrantes.
Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2023 en el kilómetro 27 de la vía Rumichaca–Pasto. Esto, a la altura de la vereda La Josefina, en jurisdicción de El Contadero, Nariño.
En el lugar, la Policía interceptó el automotor conducido por García Romero.
Al hacer una verificación, los uniformados hallaron a los cinco extranjeros, quienes no contaban con visas o documentos que certificaran su ingreso y estancia legal en el país.
Según la investigación, el recorrido que hacía el hoy condenado correspondía a una ruta clandestina entre Ipiales, Nariño, y Necoclí, Antioquia. A cada persona le cobraba 195 dólares, es decir, más de 635 mil pesos colombianos, para transportarlos.
Además, las autoridades establecieron que tiene un vínculo con una red dedicada al tráfico de migrantes.
Y que, además, no contaba con autorización para prestar servicios de transporte.
La condena quedó en cuatro años de prisión y el pago de una multa equivalente a 33,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así como la inhabilidad para ejercer funciones públicas.
Patrulleros de la Policía implicados en un procedimiento irregular
En otros hechos, la Fiscalía reportó la judicialización de los patrulleros de la Policía Jainer Alonso Suárez Guette e Istvan Alexis López Rodríguez por su presunta responsabilidad en la apropiación indebida de dos armas traumáticas y dinero en efectivo durante un procedimiento realizado el 31 de agosto de 2025 en zona urbana de Copacabana.
El día de los hechos los uniformados, al parecer, interceptaron a una pareja que se movilizaba en moto y portaban en un bolso dos armas de baja letalidad y más de nueve millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron conducidas hasta un motel del sector, donde les habrían exigido una suma de dinero a cambio de no llevarlos ante la justicia por porte ilegal de armas.
Indicó la Fiscalía que la pareja fue despojada del bolso y que los procesados no dejaron a disposición de las autoridades judiciales los elementos incautados durante el procedimiento irregular.
El ente acusador les imputó los delitos de concusión y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Un juez de control de garantías los envió a la cárcel.