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¿Cómo busca Antioquia evitar la pérdida de más de $ 1 billón por la emergencia económica de Petro? ¿Qué harán en otros departamentos?

El gobernador de Antioquia presentó ante otros mandatarios una alternativa jurídica para no aplicar medidas tributarias de la emergencia económica que afectarían considerablemente las finanzas del Departamento.

Antioquia plantea una vía constitucional para proteger sus finanzas frente a la emergencia económica. La imagen principal corresponde a la cumbre de gobernadores realizada este 15 de enero en Bogotá.

Antioquia plantea una vía constitucional para proteger sus finanzas frente a la emergencia económica. La imagen principal corresponde a la cumbre de gobernadores realizada este 15 de enero en Bogotá.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, este jueves, 15 de enero, expuso ante sus homólogos un camino legal sustentado en la Constitución Política de Colombia para no aplicar algunas disposiciones tributarias incluidas en la declaratoria de emergencia económica del gobierno Petro.


Según explicó, la Gobernación de Antioquia encontró un camino sustentado en la Constitución de 1991, en su artículo 4.



Rendón aseguró que este artículo faculta a cualquier autoridad administrativa o judicial a aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una norma -como algunas derivadas de la emergencia económica- resulta desproporcionada y vulnera los principios constitucionales.


La propuesta busca frenar un impacto fiscal que, según cálculos del departamento, alcanzaría cerca de 1,5 billones de pesos, que dejarían de fortalecer las finanzas públicas y la inversión social.


¿En qué consiste la propuesta para evitar perder más de $ 1 billón por la emergencia económica?

La estrategia se basa en la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permite a las autoridades territoriales inaplicar normas cuando estas vulneran principios constitucionales, mientras la Corte Constitucional emite un fallo de fondo.


Antioquia sostiene que varias medidas del decreto afectan competencias exclusivas del Congreso y profundizan el centralismo fiscal.


Entre los efectos más graves, el Departamento advierte un fuerte impacto sobre el sector de licores y el IVA. De aplicarse las medidas, Antioquia tendría que transferir recursos millonarios al nivel central, reduciendo su capacidad de inversión regional.


Incluso, el incremento en la carga impositiva elevaría de forma significativa el precio de productos de alto consumo, afectando directamente a los ciudadanos.


La Federación Nacional de Departamentos acogió e implementará la propuesta

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que los gobernadores del país tomaron la decisión unánime de no implementar el Decreto 1474, de emergencia económica, al considerar que genera impactos negativos en las regiones.


Como respaldo, la Federación de Departamentos expedirá un documento jurídico que sustente esta determinación en cada territorio.



Toro explicó que la primera acción será la presentación de un documento ante la Corte Constitucional. El objetivo es que el alto tribunal escuche a los gobernadores y evalúe los efectos negativos del decreto sobre las finanzas departamentales y derechos fundamentales como la salud y la educación.


Además, cada gobernador interpondrá una acción de tutela en su respectiva región, como mecanismo de protección frente a la aplicación del decreto.


Estas acciones estarán acompañadas por un soporte jurídico elaborado por la Federación de Departamentos, que servirá como fundamento para no acatar la medida.


Finalmente, la mandataria señaló que, si bien la decisión es colectiva, la aplicación de las acciones se hará de manera individual, teniendo en cuenta las particularidades económicas, sociales y administrativas de cada departamento.


En Defensa de la autonomía regional vulnerada con la emergencia económica

El gobernador Rendón también anunció que avanzará en un acto administrativo que formalice esta decisión antes de finalizar el mes. La medida operaría de manera temporal, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie.


Con esta ruta, Antioquia busca defender la separación de poderes, la autonomía regional y la sostenibilidad de sus finanzas, sin desconocer el marco legal vigente.


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