CNE deja en firme sanción a campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes electorales
El expediente del alto tribunal señala financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable durante las dos vueltas presidenciales.
El análisis del CNE concluyó que la campaña de Petro superó los límites fijados por la normativa electoral. Foto: cortesía.
El Consejo Nacional Electoral dejó en firme la sanción contra la campaña Petro Presidente 2022. La decisión se confirmó este 29 de abril tras rechazar las apelaciones con una votación de los magistrados de 6 a 3, el mismo bloque que respaldó el fallo inicial en noviembre de 2025.
El tribunal electoral ratificó que la campaña superó los topes de financiación y cometió varias irregularidades. El expediente señala financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable durante las dos vueltas presidenciales.
La decisión impacta directamente a tres figuras clave: Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna.
Ellos deberán responder por multas que, en conjunto, alcanzan cerca de $6.000 millones. Además, los movimientos Colombia Humana y Unión Patriótica asumirán sanciones superiores a $580 millones.
¿Campaña de Petro superó los límites fijados por la normativa electoral?
El análisis del CNE concluyó que la campaña superó los límites fijados por la normativa electoral. En primera vuelta, el exceso en ingresos y gastos llegó a $2.459 millones. A esto se sumaron $2.611 millones que no fueron reportados, lo que obligó a ordenar la devolución de $2.447 millones al Estado.
En la segunda vuelta, el desbalance también resultó significativo. El sobrepaso alcanzó los $583 millones y la omisión en reportes llegó a 1.087 millones. En total, las irregularidades superaron los $3.500 millones.
Uno de los puntos más sensibles del caso involucra un aporte de $500 millones de Fecode. Ese dinero ingresó a través de Colombia Humana y se utilizó para cubrir gastos de campaña, pese a que la ley prohíbe que personas jurídicas financien campañas presidenciales.
Con esta decisión, el fallo queda en firme en uno de los procesos más relevantes sobre financiación electoral en Colombia en los últimos años.