Caso María Camila Potosí impulsaría al gobierno De la Espriella a revivir el debate sobre la cadena perpetua, ¿es viable?

Luego de que se descubrirán los pormenores del cruel asesinato de Maria Camila Potosí y la bebé que llevaba en su vientre, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que instruirá a su gabinete para promover un endurecimiento de las penas, incluso, la cadena perpetua, contra quienes cometan crímenes contra niños y mujeres.

"Defiendo la vida, defiendo a la mujer y considero que los niños son sagrados. Quienes cometieron esta barbarie no merecen llamarse humanos", escribió De la Espriella.

De la Espriella agregó que la respuesta del Estado frente a este tipo de hechos no debe limitarse al endurecimiento punitivo, sino incluir también acciones preventivas. "El cuidado y la prevención, por supuesto, deben ser la prioridad, y eso incluye la pena más severa como mecanismo disuasorio", concluyó en su publicación.

El anuncio del presidente electo de impulsar un endurecimiento de las penas —incluida la posibilidad de condenas equiparables a la cadena perpetua— para quienes asesinen a niños y mujeres, no es un debate nuevo en Colombia y podría convertirse en un desgaste político.

Así lo advirtió el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien cuestionó que este tipo de reacciones, aunque comprensibles, terminen convertidas en anuncios de reformas de la Justicia que requieren una discusión más amplia.

"Cada vez que hay hechos execrables como el asesinato de una bebé y su madre, en este caso de menores de edad, de ancianos, feminicidios, vuelve el país al debate de si hay que endurecer las penas, incluso llegar a cadenas perpetuas o, en los casos más extremos, hablar de pena de muerte", señaló el exmagistrado.

Según Arrubla, la respuesta a esa discusión ha sido siempre la misma desde el punto de vista jurídico. Y es que no es la severidad de la pena, sino la certeza de que esta se va a imponer, lo que realmente disuade el delito.

"No es la amenaza de la pena la que termina con el delincuente, es la seguridad de que se le va a imponer la pena la que sí pesa", afirmó, al tiempo que insistió en que una política contra el crimen no debería enfocarse en el aumento de penas de muerte, sino en garantizar investigación criminal adecuada y que no haya de impunidad.

El exmagistrado también cuestionó la premisa de que las condenas vigentes en Colombia son leves. A su juicio, cuando se suman los años que puede recibir una persona por varios delitos, el resultado ya equivale, en la práctica, a una privación de la libertad de por vida.

"Si usted coge ahora un delincuente de esos, que tienen más de 20 años, y se pone a echar cuentas, eso le da más de 50 años, y 50 años es prácticamente una cadena perpetua. Para qué cambiar los términos, ocupémonos más bien de que haya buena investigación criminal, buena policía judicial, buena fiscalía llevando las pruebas a los jueces, para que haya condenas", explicó.

Frente al anuncio del mandatario electo, Arrubla fue enfático en que la intención detrás de la propuesta no está en discusión, pero sí su efectividad.

"Yo creo que es bien intencionada la posición del señor presidente, pero con eso no se va a solucionar el problema", afirmó, y agregó que se trata de una reacción "normal" ante hechos dolorosos, pero que no resuelve de fondo la situación.

Arrubla enmarcó la discusión en un contexto más amplio. Se trata, dijo, de un debate que existe desde hace décadas dentro de la profesión jurídica y que, en su opinión, no ha logrado avanzar, ni siquiera sustancialmente.

Como parte de esa reflexión, mencionó también la finalidad rehabilitadora de la pena, y planteó que las rebajas de condena deberían depender de que exista una rehabilitación real del condenado, o de lo contrario, ser eliminadas para que la pena se cumpla tal como fue concebida originalmente.