Cada 20 horas un niño cae en manos de grupos armados en Colombia, advierte la JEP
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseguró que el reclutamiento infantil continúa vigente. La Defensoría registró 51 casos durante los primeros cinco meses de 2026 y pidió al próximo gobierno implementar con rapidez la nueva ley que busca prevenir este delito.
La Defensoría del pueblo registró 51 casos durante los primeros cinco meses de 2026. Foto: cortesía
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que cada 20 horas un menor de edad cae en manos de grupos armados ilegales en Colombia.
Esta realidad, según afirmó, demuestra que el reclutamiento infantil sigue lejos de desaparecer y mantiene bajo amenaza a cientos de comunidades.
El magistrado sostuvo que las estructuras ilegales replican prácticas que las antiguas Farc emplearon durante el conflicto para incorporar menores a sus filas.
Ramelli pidió que colegios, universidades, iglesias, entidades públicas y comunidades coordinen esfuerzos para impedir que este delito continúe arrebatando infancias.
“Cada 20 horas es reclutado un menor en el país. Es una tragedia que no puede seguir”, afirmó el presidente de la JEP.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que el riesgo permanece activo en varias regiones colombianas durante los primeros meses de 2026.
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo, la entidad identificó 51 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.
Norte de Santander concentró 15 reportes, mientras Cauca registró 14. Antioquia ocupó el tercer lugar nacional con cuatro casos documentados.
Los niños y adolescentes representaron el 65 % de las víctimas. Las niñas y adolescentes conformaron el 35 % restante.
La Defensoría también analizó la pertenencia étnica de las víctimas incluidas en su sistema de registro durante ese periodo.
El 71 % no pertenecía a algún grupo étnico, el 17 % correspondía a población indígena y el 12 % a comunidades afrocolombianas.
El panorama mantiene la tendencia registrada durante 2025, cuando la entidad documentó 410 casos de reclutamiento forzado en todo el país.
Durante ese año, la población indígena representó el 51 % de las víctimas y el Estado Mayor Central figuró como principal presunto responsable.
La nueva ley enfrenta el reto de llegar a los territorios
El Gobierno Nacional sancionó la Ley 2590 de 2026 para aumentar las penas por reclutamiento ilícito y uso de menores en actividades delictivas.
La norma también ordena fortalecer la prevención y ampliar la respuesta institucional en los municipios donde las autoridades identifiquen riesgos para niños y adolescentes.
Cuando la Defensoría detecte amenazas, los programas de la comisión intersectorial Ciprunna deberán priorizar obligatoriamente los territorios incluidos en sus alertas.
La entidad aseguró que la firma de la ley constituye apenas el comienzo y pidió al gobierno entrante garantizar recursos para su aplicación.
Ramelli entregó estas declaraciones durante la inauguración de la exposición “Volver a florecer: infancias que sobrevivieron a la guerra”.
La JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica organizaron la muestra para escuchar a sobrevivientes y reflexionar sobre las consecuencias del reclutamiento infantil.
El macrocaso 07 de la JEP calcula que las antiguas Farc incorporaron a 18.677 menores durante el conflicto armado colombiano.
La justicia transicional también acreditó a cerca de 11.000 víctimas y cinco pueblos étnicos dentro de este proceso judicial.
Los antiguos integrantes de las Farc reconocieron responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con estas prácticas contra menores.