¿Busca el Gobierno influir en la Corte Constitucional al recusar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez por el decreto de emergencia económica?
Gobierno pidió a la Corte Constitucional apartar a Jorge Enrique Ibáñez del estudio del decreto de emergencia económica, previo a la decisión sobre su suspensión provisional.
Gustavo Petro y Jorge Enrique Ibáñez.
La Presidencia solicitó a la Corte Constitucional que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se aparte del análisis del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025.
El pedido se presentó antes de que la Corte decida si suspende provisionalmente la medida, una decisión clave para el Ejecutivo.
¿Qué argumenta el Gobierno con la recusación al magistrado Jorge Enrique Ibáñez?
La recusación sostiene que el magistrado comprometió su imparcialidad tras referirse públicamente al decreto en una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional el 18 de enero.
En ese espacio, Ibáñez habló sobre la posibilidad de suspender de manera provisional el decreto mientras avanza el estudio de constitucionalidad e incluso mencionó una eventual ampliación de la jurisprudencia para habilitar esa suspensión.
Además de la entrevista, la Presidencia afirma que Ibáñez promovió internamente la discusión en Sala Plena sobre la suspensión provisional del decreto.
Según el escrito, envió un documento a los despachos para evaluar esa opción, aunque el ponente del proceso es el magistrado Carlos Camargo Assis.
Ese movimiento generó incomodidad en el alto tribunal, pues Camargo adelanta el estudio y espera conceptos técnicos y jurídicos antes de cualquier definición.
Para el Gobierno, las declaraciones públicas no fueron meramente explicativas, sino que anticiparon una postura sobre una decisión aún no adoptada formalmente.
¿Qué está en juego para el Gobierno con el decreto de emergencia económica?
El decreto de emergencia económica habilita medidas excepcionales, como crear impuestos temporales o modificar reglas económicas sin trámite previo en el Congreso. Por mandato constitucional, la Corte debe revisar automáticamente este tipo de decretos.
En los próximos días, la Corte decidirá si suspende provisionalmente la medida y/o emite un fallo definitivo. Para el Ejecutivo, la neutralidad de los magistrados resulta determinante para garantizar confianza en la decisión final.
En caso que la solicitud de suspensión de Ibáñez prospere, la decisión congelaría el cobro del IVA de 19 % a las bebidas alcohólicas y a los juegos de azar, punto en el cual se ha desatado la controversia que ya han mencionado los gobernadores donde han buscado aplicar la figura de "excepción de inconstitucionalidad".