Así fue como Miguel Quintero habría dirigido la red de corrupción en el AMVA: "Se quedaba con el 10 % y el otro 5 % era para intermediarios"
La Fiscalía señala a Miguel Quintero Calle como presunto determinador de un entramado de corrupción en el Área Metropolitana en el que involucraron a varios exfuncionarios.
Miguel Andrés Quintero Calle, Álvaro Alonso Villa García y Vanessa Álvarez, imputados por corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: captura de pantalla
Sin ostentar cargo alguno ni tener competencia en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, habría sido la cabeza de un esquema de corrupción que direccionó millonarios contratos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí a cambio de comisiones ilegales.
Después de que la audiencia de imputación de cargos se suspendiera en tres ocasiones, la Fiscalía por fin lo señaló formalmente como el determinador de los hechos de corrupción sin necesidad de firmar un solo documento oficial.
De acuerdo con la imputación, la maquinaria del presunto entramado se apoyó en tres servidores y contratistas del Área Metropolitana: Álvaro Alonso Villada García, subdirector administrativo y financiero del AMVA; Juan David Palacio, su director; y Vanessa Álvarez Restrepo, contratista vinculada a la Subdirección Ambiental.
A ellos se suman Misael Alberto Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí, con quien Quintero y Villada García se habrían reunido en junio de 2020 en las instalaciones del Área Metropolitana para renegociar los términos del negocio ilícito.
Según reconstruyó la Fiscalía, originalmente contemplaba un porcentaje muy alto para los intereses del contratista.
Por eso, en ese encuentro, los implicados habrían acordado ajustar la cifra y reducirla del 20 % al 15 %, un porcentaje que, según la investigación, buscaba garantizar la adjudicación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Ese mismo mes de junio, Vanessa Álvarez habría participado en la elaboración de los estudios previos que sirvieron de sustento para contratar de forma irregular al cuerpo de bomberos, un trabajo que, según la Fiscalía, no correspondía a las funciones pactadas en su contrato de prestación de servicios con la Subdirección Ambiental.
La Fiscalía le atribuyó también la elaboración y el envío de las ofertas que los Bomberos de Itagüí presentaron formalmente ante el Área Metropolitana dentro del proceso de contratación.
Un vínculo que viene de antes: Planeación de Antioquia y los chats "Alternativos" y "Amigos"
Para la Fiscalía, la coordinación entre Quintero y Villada García no surgió de la nada.
El ente investigador rastrea la relación hasta el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, donde ambos coincidieron laboralmente en 2016 junto a una tercera persona, Laura María Mejía Higuita.
Ese vínculo, indicó la Fiscalía, explicaría el nivel de confianza y comunicación que después se "reflejó en las decisiones tomadas alrededor de entidades públicas distintas".
La cercanía se habría formalizado digitalmente en 2020, cuando Quintero, Villa García, Mejía Higuita y otras personas crearon un grupo de WhatsApp llamado "Alternativos", al que posteriormente se sumó otro bautizado "Amigos".
Según la Fiscalía, esos chats funcionaron como el canal desde donde Quintero impartía órdenes y trazaba las tareas que luego ejecutaban los servidores y contratistas vinculados al Área Metropolitana. También se habrían realizado reuniones recurrentes en instalaciones de Metroparques y otros espacios públicos y privados.
El expediente, incluso, vincula a Quintero con líneas telefónicas registradas a su nombre ante la Secretaría de Movilidad de Medellín, una de ellas asociada a un vehículo de placas GXK-272, un dato con el que se le atribuye de forma directa su participación en las conversaciones de esos grupos.
Miguel Quintero habría sacado del camino a quien estorbaba
Uno de los episodios más controvertidos es que Quintero habría convencido a Villada García y al entonces director, Juan David Palacio, de nombrar como subdirector Ambiental del Área Metropolitana a alguien que no estorbara en los "negocios".
El cargo quedó bajo el control de alguien afín al presunto plan, papel que terminó ocupando Ana María Roldán Ortiz, nombrada como nueva ordenadora del gasto y subdirectora ambiental. Esta luego fue reemplazada por Diana María Montoya Velilla, quien también habría accedido al ilícito.
Los hechos se habrían extendido entre diciembre de 2019 y junio de 2023, un periodo en el que, sostiene la Fiscalía, Quintero promovió e impulsó la conformación de una estructura criminal afín a sus intereses dentro de la entidad.