7 de cada 10 caficultores en Antioquia han recibido llamadas extorsivas de grupos armados, pero el porcentaje de denuncia es muy bajo
Estudio Politécnico Grancolombiano reveló el incremento en la extorsión, sobretodo en territorios donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, creados tras los acuerdos de paz con las Farc.
Estudio del Politécnico Grancolombiano encendió las alarmas enciende las alarmas por incremento en extorsiones a cafeteros en Antioquia. Foto: cortesía.
La extorsión sigue creciendo en los municipios cafeteros de Antioquia. Productores, transportadores y cooperativas enfrentan cobros ilegales en varias subregiones cafeteras.
Y es que 7 de cada 10 caficultores habrían recibido llamadas extorsivas por parte de los grupos armados, pero solamente el 15 % de acude a las autoridades para denunciar.
En los territorios Pdet, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, creados bajo el acuerdo de paz, la situación es aún más preocupante.
Un estudio del Politécnico Grancolombiano encendió las alarmas. La investigación ubica a Antioquia entre los territorios donde coinciden altos niveles de producción cafetera con tasas elevadas de extorsión.
Los investigadores advierten que los grupos armados encontraron en el café una fuente constante de ingresos.
La dinámica criminal se instaló con fuerza en zonas rurales donde persisten disputas por el control territorial.
El análisis identifica varios municipios de Antioquia con cifras preocupantes. Ciudad Bolívar, Anzá, Barbosa, Montebello y Nariño registran tasas que van de 25 a 65 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes.
En esas zonas, los grupos criminales controlan las rutas del transporte del grano.
Territorios Pdet concentran el mayor riesgo de extorsión
El estudio también identifica un patrón que preocupa en Antioquia. Muchos municipios cafeteros coinciden con territorios Pdet, creados tras el acuerdo de paz.
En esos municipios la extorsión aumenta. El análisis calcula un incremento promedio de 3,4 casos adicionales por cada 100.000 habitantes.
Los investigadores señalan que esta coincidencia refleja una debilidad del Estado. Las zonas priorizadas para consolidar la paz aún enfrentan presencia criminal y control territorial de grupos armados.
Ese escenario facilita el cobro sistemático de extorsiones. Los actores ilegales aprovechan economías agrícolas estables como la caficultura.
La situación se agrava en municipios donde también existen cultivos de coca. Allí la tasa de extorsión sube cerca de 3,5 puntos adicionales.