¿Golpe al transporte de plataformas digitales? Proyecto de ley también establece sanciones a usuarios y controles estrictos en sitios donde históricamente se concentra la prestacion del servicio
Golpe al transporte de plataformas: proyecto de ley ordena controles en aeropuertos, hoteles y centros comerciales.
Habría un golpe al servicio de transporte por medio de plataformas digitales. Esto tras el anuncio del proyecto de ley del gobierno Petro que busca frenar esta alternativa de movilidad. Según argumentan, afecta la seguridad de los usuarios, la competencia leal y la sostenibilidad de las empresas de transporte legalmente constituidas.
La iniciativa establece que la Superintendencia de Transporte debe priorizar la protección de los derechos de los usuarios y respaldar a las empresas formalmente constituidas y debidamente autorizadas. Al tiempo, intensifica las acciones de control contra quienes prestan servicios de transporte informal o ilegal.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el control especial en zonas estratégicas. Los operativos estarían focalizados donde históricamente se concentra la operación de este tipo de servicio de transporte.
¿Por qué lo califican como un golpe al transporte de plataformas en Colombia?
El texto ordena a las autoridades locales proteger rutas y espacios clave, priorizando lugares de alta afluencia de pasajeros.
“Hoteles, centros comerciales, aeropuertos, terminales de transporte, centros administrativos públicos o particulares”, señala el proyecto, donde se establece un estricto control sobre los servicios de transporte informal e ilegal.
La propuesta responde a múltiples denuncias de usuarios. Según el Gobierno Nacional, aseguran que han sido víctimas de cobros abusivos, estafas, falta de seguros y riesgos para su integridad, al utilizar servicios no autorizados, especialmente en aeropuertos y zonas turísticas.
Para José Daniel López, presidente de la Alianza de Empresas de Aplicaciones e Innovación de Colombia, la medida da tristeza. Sostiene que sería una afectación a millones de ingresos generados por este modelo económico.
Desde el sector transporte, gremios formales respaldan la iniciativa al considerar que el transporte ilegal distorsiona el mercado. Además, argumentan que reduce la recaudación de impuestos, debilita la calidad del servicio y pone en riesgo miles de empleos formales.
Uber le salió al paso a esta propuesta del gobierno Petro. "Usar la técnología no es un delito y los colombianos lo saben", aseguró la empresa por medio de un comunicado.
El proyecto, que aún no ha Sido radicado en El Congreso para ser debatido, también busca coordinar acciones entre alcaldías, autoridades de tránsito y la Superintendencia, con operativos permanentes, sanciones efectivas y seguimiento a las zonas donde se detecte reincidencia.
Este marco legal permitiría reforzar la vigilancia, cerrar brechas de informalidad y avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, ordenado y transparente, especialmente en puntos críticos de movilidad urbana y turística.