El país permanece en alerta tras el asedio a la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 8 de febrero, para presionar la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. A esto se suman las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro y de miembros de su gabinete, que intentan restar importancia a la gravedad de los sucesos ocurridos en el Palacio de Justicia en Bogotá.