La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, puso en evidencia a una red de tráfico de migrantes que, al parecer, cobraba cerca de 300 dólares a cada extranjero que ingresaba ilegalmente al país por Ipiales en Nariño. Posteriormente eran llevados hasta Urabá.

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